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QUINTA EDITORIAL: SOBREDOSIS DE CONTINGENCIA.

Por Jorge Ríos del Río

Coordinador General

Con ya unas semanas de funcionamiento, la Convención Constitucional ha dado señales potentes de los signos que atraviesan su funcionamiento y de cómo su autonomía será ejercida tanto institucional como personalmente por los convencionales. 

Lo primero que debemos consignar es el bochornoso despliegue logístico del gobierno de Sebastián Piñera que no logró dotar a la Convención de mínimos operacionales como conexión a internet y entre las diferentes salas, cumplimientos de aforo por Covid, o incluso de acuerdo a varios testimonios, en cosas mínimas tales como implementos para el baño. Toda esa impericia le costó el puesto a Francisco Encina, amenazando incluso a toda la cartera de SEGPRES, Ministro Ossa incluido. En su reemplazo y con las pantallas pasando a su espalda para ser instaladas en el ex congreso nacional, asumió una vieja conocida de la política, la ex candidata a la gobernación regional metropolitana Catalina Parot. Este fracaso organizacional gubernamental empujó a la mesa directiva de la Convención a buscar condiciones de desarrollo acudiendo a las universidades públicas y a desplegarse en comisiones espontáneas para primero lograr el funcionamiento y luego prever posibles dificultades, para lanzarse a resolver lo que ellos mismos habían puesto como puntos relevantes sobre la mesa al momento de su instalación, la declaración sobre privados de libertad en la revuelta y el Reglamento. 

Durante la sesión Nº3 y en dos votaciones por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones se aprobó la declaración Nº1 sobre prisión política y militarización del Wallmapu, hecha por convencionales de la lista del Apruebo, Apruebo Dignidad y otros. Esta declaración, cuya curiosidad fue soslayar el concepto de “presos políticos”, pone énfasis en el ejercicio de la prisión preventiva y solicita una serie de diligencias al legislativo y ejecutivo a fin de agilizar la tramitación de normas de indulto, desmilitarizar la región de la Araucanía e implementar espacios de justicia transicional que compense a personas que vieron vulnerados sus Derechos Humanos en el contexto del estallido social. Como podemos apreciar, esta declaración es un ejercicio altamente político de un órgano cuyos miembros fueron electos por sufragio universal, lo cual nos da luces sobre el accionar de los convencionales, por su agrupamiento en pactos, la negociación de los votos, las prioridades en la comunicación mediática, etc.; lo que de inmediato nos enfrenta a una suerte de “parlamentarización” de la Convención, tanto en la forma como en el fondo de la actividad política desplegada. 

Esta decisión de abordar la contingencia social del país para no aparecer como escindidos de la sociedad tuvo muchas críticas desde los sectores conservadores, también en algunos sondeos de opinión y una profunda y terrible coincidencia con la realidad que rápidamente la puso a prueba: la muerte del comunero mapuche Pablo Marchant, producto de enfrentamientos en predios forestales con Carabineros de Chile. Este hecho se tomó la agenda comunicacional por la fuerte carga simbólica que posee el conflicto mapuche en nuestro país y que con el pasar de los días se vio reforzado por la decisión de la CAM de velar a Marchant escoltado con armas de guerra. Los ánimos se caldean aceleradamente en la Araucanía a pesar a las declaraciones emitidas por la Convención; por lo anterior entender a la contingencia nacional como parte esencial del funcionamiento, a mi juicio estrictamente personal, es un riesgo que hay que saber cuando tomar, ya que las competencias jurídicas del órgano están determinadas a asegurar su funcionamiento y crear una nueva norma constitucional, siendo los demás poderes del Estado también electos democráticamente y con competencias operativas y presupuestarias, quienes pueden abordar con mayor eficiencia los temas que surjan pues están diseñados para eso. 

A modo de ejemplo y en materias de Derechos Humanos, recordemos el origen de las Comisiones de Verdad y Reconciliación o la Comisión Valech, los instrumentos fundamentales de justicia transicional de nuestro país, todas nacidas desde decretos presidenciales. Pensar que la Convención Constituyente es una panacea para toda problemática que viva Chile es cargar de notables sobre expectativas a este órgano que requiere de constante legitimación ciudadana y ya sabemos que las notables expectativas, siempre son fácilmente derribadas por la humana realidad. 

Sin embargo, la Convención Constitucional avanza, el ejercicio de su autonomía constituyente los empujó a buscar normas de funcionamiento y crear las Comisiones de Presupuesto y Administración Interior, Reglamento y Ética y posteriormente la Comisión de Derechos Humanos (139 a favor, 6 en contra y 1 abstención), la Comisión de Comunicación, Información y Transparencia (146 a favor, 0 en contra y 0 abstención), la Comisión de Participación Ciudadana (147 a favor, 0 en contra y 0 abstención), la Comisión de Participación y Consulta con los Pueblos Originarios (137 a favor, 5 en contra y 7 abstenciones), la Comisión de Participación Plurinacional y Educación Popular, Social y Territorial (94 a favor, 32 en contra y 22 abstenciones) y la Comisión de descentralización (145 a favor, 1 en contra y 1 abstención). 

Como adelantamos en editoriales anteriores, este funcionamiento parcelado en comisiones temáticas, garantiza cierta profundidad en el análisis y representatividad de las tendencias presentes en la Convención. Sólo queda la incógnita de si estas comisiones actuarán con celo al mandato de construir la Nueva Constitución o si además se alzarán como una nueva plataforma de política contingente que amplifique a la ya movilizada política nacional en año de presidenciales y parlamentarias, para que en cada debate apreciemos alocuciones peregrinas que terminen en manifiestos que refuercen lineamientos contingentes que esperemos tengan eco en los organismos políticos extra constituyentes.

¡Nos leemos pronto! 

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