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EDITORIAL: EL DIÁLOGO

Por Jorge Ríos del Río

Coordinador General

La semana pasada se produjo la trágica muerte del comunero mapuche de 23 años Yordan Lempi Machaca, en la localidad de Cañete, espacio que hoy se encuentra bajo un estado de emergencia constitucional por los múltiples atentados, delitos y enfrentamientos entre grupos paramilitares, la policía y ahora los militares. Esta nueva muerte que enluta al país se dio en el marco de un confuso incidente del cual hasta el momento tenemos versiones completamente encontradas y que se encuentra en fase de investigación de la Fiscalía. 

En la muerte de Yordan hay involucrados infantes de marina que producto del estado de emergencia se encontraban desplegados en lo que la política santiaguina ha denominado como la “macro zona sur”, refiriéndose a parte de la región del Bio Bio, Araucanía y Los Ríos. Visiones discrepantes se establecen desde la disminución de hechos delictivos con tintes de sabotajes políticos, como el corte de caminos, peajes ilegales, quema de maquinaria forestal y robo de madera, incendios en escuelas y propiedades, la divulgación de mensajes armamentistas paramilitares con publicidad, etc. Y por otro lado la visión de que el conflicto mapuche es un fenómeno complejo y que se remonta al siglo XIX con la expansión del Estado chileno en la mal llamada Pacificación de la Araucanía y que la presencia de militares sólo genera muerte y abuso estatal, lo cual es una pésima forma de solucionar un problema. 

Tomando en cuenta estas dos visiones, creo prudente señalar que ambas implican constatar antecedentes objetivos de la problemática pero que su cuasi natural antagonismo político, genera una parálisis sociopolítica que perpetúa la violencia y el abuso, y por ende termina por golpear siempre a los civiles con menos recursos de nuestras comunidades. Pues bien, esta realidad que se extiende a las demás regiones del sur, incluyendo a la nuestra, con lo que sucede por ejemplo en la comuna de Máfil, impactó igualmente al funcionamiento de la Convención Constitucional generando manifestaciones, marchas y rechazo al accionar del Gobierno, pero ¿es posible pedir algo más al órgano?

Sin lugar a dudas y como ha sido refrendado por múltiples voces de activistas e intelectuales, que provienen del movimiento político mapuche, como Pairican, Agüero, Figueroa, Namuncura, Millaleo, Hidalgo, Cortés, Loncón, Millaquen, Llamín, Mamani, Catrileo, Huichalaf, Aylwin, Alcafuz y Alarcón, la Convención Constitucional es la oportunidad histórica para que nuestra democracia pueda lograr plasmar política y jurídicamente nociones claves para los pueblos originarios tales como: la plurinacionalidad y la interculturalidad, la ratificación del Convenio 169, escaños reservados, la autonomía y libre determinación de los pueblos, el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, los derechos culturales, lingüísticos y sociales y finalmente la búsqueda de la corrección de las desigualdades y abusos que históricamente los gobiernos de Chile y civiles han cometido con los pueblos originarios. 

Así con estas oportunidades abiertas desde la institucionalidad democrática y la voluntad soberana chilena, resulta importante establecer si es necesaria la existencia de movimientos etno nacionalistas armados y si esta existencia, en conjunto con la corrección del accionar gubernamental, a fin de dejar de pensar que la única herramienta disponible es un martillo, pueda ser reemplazada por el debate político constituido en la Convención Constitucional.

En este sentido cobran especial relevancia los escaños reservados del pueblo mapuche, convencionales como Adolfo Millabur con enorme conocimiento del conflicto desde sus nuevos comienzos en la década del noventa y su experiencia en gestión política como el primer alcalde mapuche electo en la zona de conflicto desde el regreso a la democracia, el capital polítivo innegable que ha adquirido en estos meses Elisa Loncón y la vehemencia de Natividad Llanquileo, constituyen liderazgos desde pueblos originarios representativos y muy importantes que pueden jugar un rol activo a la hora de interpelar directamente no sólo al gobierno, sino también a los movimientos radicalizados. 

Esta tarea en principio titánica por la alta fragmentación del mismo pueblo mapuche debe concitar apoyos transversales, primero de todos los convencionales de las zonas geográficas afectadas sean escaños reservados o no, luego de los que ven a la democracia como un fin en si mismo y luego de quienes están interesados en realmente abordar con perspectivas históricas la solución política del conflicto. De esta forma los escaños reservados pueden transformarse en un movimiento por el diálogo y la negociación como pilar político fundamental, tal cual se adoptaron posiciones pro liberación de los presos de la revuelta del año 2019, pero mejorando su articulación y derechamente relacionándose con otro poder político representativo como por ejemplo el Congreso Nacional, pues creemos que en nuestro ecosistema político no hay otro órgano con la suficiente legitimidad para innovar en prácticas y enfoques como lo es la Convención Constitucional. 

Sabemos que la función de la Convención obedece a un mandato constituyente específico, pero en pedir no hay engaño y ciertamente ante esta situación compleja se requieren esfuerzos decididos, tomando en cuenta la publicación de un ejercicio de participación ciudadana en la Araucanía con más de cien mil participantes donde por amplia mayoría se solicitó mantener el estado de emergencia en la zona del conflicto, restricción de derechos que los ciudadanos asumen con naturalidad ante la gravedad de los hechos que deben soportar y que amenaza a propagarse por el sur de Chile como única medida aceptable ante la escalada de violencia, lo cual es preocupante para regiones como la nuestra donde también comenzamos a vivir los embates de la violencia. 

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